Con el objetivo de dar a conocer la importancia que tiene la argumentación en el papel del legislador, la Escuela de Derecho y el Área de Educación Continua de la Universidad Anáhuac Puebla llevaron a cabo la Conferencia “Estándar mínimo de argumentación legislativa en materia de políticas públicas”, con la participación de la Dra. Carolina Balleza, el Dr. Ramsés Montoya y la Mtra. Consuelo Reyes. Como moderadores estuvieron la Mtra. Janett Hernández y el Mtro. Julio Arrieche; todos integrantes de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica.   

En primer momento, la Dra. Carolina Balleza, expuso sobre la relevancia que tiene la investigación y el estudio previo al crear o modificar una norma, para ver el impacto que se tendrá. “Estudios recientes de psicología cognitiva establecen que las normas contenidas en los textos jurídicos, inclusive las normas de tránsito, son inexistentes en el espacio mental de sus destinatarios; de ahí la importancia de adecuarlas efectivamente con una investigación previa y argumentarlas desde ese planteamiento”, señaló la experta.

Por su parte, el Dr. Ramsés Montoya se enfocó en la evaluación o medición que se le debe de hacer al desempeño argumentativo del legislador; desde valoraciones informales provenientes de la sociedad civil, como las formales desde los jurisdiccionales.

Por último, “no hay que olvidar el punto de vista de los derechos humanos como la directriz inspiratoria de las políticas públicas al momento de formularlas y diseñarlas, en un contexto democrático. Cuando se asume esta perspectiva, las personas en lugar de ser beneficiarios pasivos pasan a ser protagonistas en su propio desarrollo y titulares de los derechos”, comentó la Mtra. Consuelo Reyes, al dirigirse hacia un argumento con mejores resultados y más sostenible.

Todo esto, con el propósito de dar a conocer el Diplomado en Argumentación Jurídica y Técnica Legislativa, con un claustro de profesores internacionales. Con lo que se refrenda el compromiso social de la Escuela de Derecho de difundir la cultura jurídica y obligación de los legisladores para proteger los derechos humanos y contribuir a la formación de líderes de acción positiva que puedan impactar de manera favorable en su entorno.