Abstract
El texto examina el desafío que enfrentó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México entre 1917 y 1934 al tener que interpretar una Constitución que otorgaba tanto derechos individuales como sociales. Tras la Revolución Mexicana, Alvaro Obregón y Lázaro Cárdenas intentaron limitar la autonomía de la Corte para fortalecer el poder ejecutivo, especialmente en temas agrarios. La Corte casi no concedió amparos agrarios a partir de la entrada en vigor de la Constitución de 1917, pero con la publicación del Reglamento Agrario de 1922 la Corte comenzó a proteger pequeñas propiedades y a priorizar los derechos individuales sobre los sociales. Por ello, las reformas constitucionales de 1928 y 1934 buscaron agilizar el reparto y subordinar a la Corte.