El algoritmo no juzga: IA, dignidad y pensamiento jurídico
La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futura para convertirse en una herramienta cotidiana del ejercicio jurídico. Despachos que redactan contratos en minutos, plataformas que localizan jurisprudencia al instante y tribunales que la emplean para realizar cálculos complejos forman ya parte de la realidad mexicana. En mayo de 2026, el papa León XIV, en la encíclica Magnifica humanitas, formuló una advertencia que interesa directamente a quienes ejercemos el derecho: las decisiones que inciden en los derechos, la reputación y la libertad de las personas no pueden confiarse por completo a sistemas automatizados.
El sistema jurídico mexicano ya comenzó a responder. Los tribunales comienzan a realizar inteprretaciones derivadas del primer asunto en que un tribunal federal utilizó IA para calcular el monto de una garantía. En ellas fijó elementos mínimos para su uso jurisdiccional: proporcionalidad, protección de datos personales, transparencia y explicabilidad del método empleado, y supervisión humana, de modo que la deliberación y la decisión correspondan exclusivamente a la persona juzgadora.
El mensaje es claro: la IA puede auxiliar, pero no juzgar. La coincidencia entre el criterio judicial y la reflexión de la Iglesia no es casual. Ambos parten de la misma premisa, la dignidad de la persona, que el artículo 1o. constitucional coloca en el centro al obligar a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
La razón es jurídica antes que moral. Los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución exigen que todo acto de autoridad esté fundado y motivado, y que las personas puedan conocer, controvertir e impugnar las razones que las afectan. Una decisión cuyo razonamiento no puede explicarse tampoco puede combatirse, y una garantía que no puede ejercerse deja de serlo. Los sistemas de IA operan mediante correlaciones estadísticas cuyo funcionamiento interno ni siquiera sus desarrolladores comprenden del todo; ofrecen resultados, pero no asumen responsabilidad. Juzgar exige ponderar circunstancias, interpretar la norma frente al caso concreto y responder por las consecuencias. La encíclica lo resume con precisión: para un algoritmo, el error es algo que hay que corregir; para una persona, puede ser el inicio de un cambio profundo.
Sin embargo, el panorama normativo sigue siendo incierto. México carece de una ley general en la materia, las iniciativas permanecen detenidas en el Congreso. Mientras tanto, crece el riesgo de delegar en exceso: escritos con citas inexistentes, análisis que reproducen los sesgos de los datos con que fueron entrenados los sistemas y una apariencia de objetividad que dificulta advertir el error. El peligro no es solo que la máquina se equivoque, sino que el abogado deje de pensar.
La respuesta no es rechazar la tecnología, sino situarla en su lugar, por lo que los profesionales tenemos que garantizar la explicabilidad de las decisiones automatizadas y protejer los datos personales. A las escuelas de derecho corresponde formar juristas capaces de usar estas herramientas sin renunciar a su criterio.
La IA puede ordenar información; la justicia sigue siendo una tarea humana.
Por el Mtro. José Santiago Oneca Morales
Docente de la Escuela de Derecho de la Anáhuac Puebla
