¿Reconocer derechos es suficiente?
Si bien México cuenta con un amplio sistema jurídico de protección de los derechos humanos, ya que la constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos reconocidos tanto en ella como en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, imponiendo a todas las autoridades la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos.
Ante este marco normativo la pregunta siguiente: ¿protegemos realmente los derechos humanos o nos hemos concentrado solamente de reconocerlos en las leyes?
La reforma constitucional de 2011 significó un cambio en nuestra manera de entender el Derecho, así los derechos humanos dejaron de concebirse exclusivamente como límites frente al poder para convertirse en obligaciones concretas para las autoridades. Cobrando especial relevancia los principios como el de interpretación conforme y el principio pro persona, que exige favorecer la protección más amplia de la persona; pero el verdadero desafío comienza después del reconocimiento normativo.
Un derecho humano tiene sentido si puede ejercerse de manera efectiva, ya que poco sirve reconocer el derecho de audiencia si una autoridad toma una decisión sin escuchar previamente al afectado; tampoco es suficiente garantizar el acceso a la justicia si se debe esperar años para obtener una resolución. Esto también acontece cuando un acto de autoridad carece de una adecuada fundamentación y motivación, siendo en estos casos la existencia de una distancia entre tener un derecho reconocido y poder disfrutarlo realmente.
Por ello, la protección de los derechos humanos no debe comenzar cuando una persona llega ante un tribunal, pues las autoridades administrativas tienen una responsabilidad fundamental al emitir un acto, resolver un recurso o revisar una decisión, pues deben preguntarse no sólo si su actuación cumple formalmente con la ley, sino también si respeta los derechos de las personas.
Desde mi experiencia considero que este cambio, también debe producirse en las aulas, pues formar abogados no puede reducirse a enseñarles leyes, procedimientos o criterios jurisprudenciales; se debe enseñar a comprender que detrás de cada expediente existe una persona y que el ejercicio profesional del Derecho implica también una responsabilidad social. Esta visión coincide con una formación universitaria integral que promueva el liderazgo con sentido trascendente y la apertura al diálogo.
El reto, no consiste únicamente en incorporar más derechos a nuestras leyes. México ya posee un importante marco constitucional y convencional. El desafío es hacer efectivos los derechos que ya se han reconocido.
Quizá debamos cambiar la pregunta; en lugar de cuestionarnos cuántos derechos reconoce el orden jurídico, preguntémonos: ¿qué estamos haciendo, desde nuestra actividad como autoridades, docentes, abogados, estudiantes y ciudadanos, para que esos derechos se vivan todos los días?
Por la Dra. Erika Elizabeth Ramm González
Docente de la Escuela de Derecho de la Anáhuac Puebla
