23 de febrero de 2026
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La reciente retractación del artículo “Safety evaluation and risk assessment of the herbicide Roundup and its active ingredient, glyphosate, for humans”5 sobre la seguridad del glifosato —principio activo del herbicida Roundup— reabrió un debate científico, regulatorio y político que llevaba décadas polarizado. A partir de la consulta de tres fuentes periodísticas1,2,3 se puede argumentar que todas ellas coinciden en que no se trata solo de una discusión “técnica” sobre toxicología, sino de un caso emblemático de cómo un texto altamente citado puede influir en decisiones públicas globales y, años después, ser desautorizado por fallas de integridad.
En el aviso de retractación4, el coeditor en jefe de la revista Regulatory Toxicology and Pharmacology, Martin Van den Berg señala preocupaciones sobre la independencia del texto: evidencia de que empleados de Monsanto “pudieron contribuir” en la redacción sin reconocimiento adecuado, una posible compensación económica que no fue divulgada y un soporte probatorio basado “exclusivamente” en estudios no publicados por Monsanto2.
Le Monde subraya el elemento más explosivo: la sospecha de ghostwriting (escritura fantasma), una práctica descrita como fraude científico porque permite que un artículo aparezca como independiente cuando, en realidad, habría sido preparado y redactado desde intereses específicos, normalmente vinculados a temas de una interferencia indebida por parte de la industria que es regulada. El texto fue firmado por Gary M. Williams, Robert Kroes e Ian C. Munro, pero la información divulgada en litigios en Estados Unidos —los llamados “Monsanto Papers”— apuntó a que el contenido habría sido elaborado por terceros bajo intereses de Monsanto, y luego “adoptado” por los autores académicos. Esta estrategia, según el relato periodístico, buscaba aumentar credibilidad ante reguladores y la comunidad científica1.
El diario La Jornada, a través de la agencia de noticias AFP, enfatiza el impacto temporal y político: la retractación ocurre 25 años después de la publicación y ocho años después de que los documentos internos salieran a la luz, lo que alimenta dudas sobre por qué tardó tanto en actuarse. También recuerda que el herbicida Roundup ha sido objeto de numerosas demandas por cáncer y que el episodio podría cuestionar la integridad de parte de la literatura utilizada para evaluar la seguridad del compuesto químico. La nota añade un antecedente clave: ya en 2002, un grupo de investigadores habría denunciado conflictos de interés y falta de independencia editorial en la revista, con mención expresa a Monsanto, lo que convierte el caso en una historia de alertas tempranas y corrección tardía3.
Por su parte, The Washington Post sitúa el caso en el choque de evaluaciones institucionales: mientras la OMS, mediante la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) clasificó al glifosato en 2015 como “probablemente carcinogénico para humanos”, autoridades europeas y estadounidenses no lo han clasificado como carcinógeno bajo sus marcos regulatorios. En este contexto, la nota recalca que el artículo retractado funcionó como estudio base para sostener que el glifosato no representaba riesgo de cáncer en humanos y, que su retiro, tiene implicaciones que atentan contra la credibilidad de la neutralidad científica2-1.
En este contexto, tanto Le Monde como The Washington Post señalan que el importante trabajo de Alexander Kaurov y Naomi Oreskes6, en el cual abordan cómo la autoría corporativa moldeó el debate sobre la seguridad del herbicida, fue un detonante para que el editor tomara conocimiento y avanzara en el proceso de retracción; esto pese a que el carácter problemático del artículo era ya conocido desde años atrás, seguía citándose en la literatura científica y mantenía influencia en el debate público.
Esta retractación se ha considerado un punto de referencia sobre la neutralidad que requiere el trabajo científico, al cuestionar la confiabilidad de un texto que habría contribuido a orientar políticas y percepciones durante un cuarto de siglo. El caso funciona como una advertencia sobre los conflictos de interés y transparencia en la captación de evidencia científica que influye en las decisiones regulatorias que impactan notablemente en la salud pública.
Dilemas éticos sobre la integridad académica
La retractación del estudio de Williams et al.5 constituye un caso paradigmático de la crisis de integridad académica que erosiona la legitimidad de los procesos científicos cuando estos se transforman en instrumentos de influencia corporativa. Este suceso revela fallas sistémicas que comprometen la salud pública y la justicia ambiental a través de los siguientes ejes críticos:
Opacidad y conflictos de interés. La ética científica exige la divulgación exhaustiva de cualquier interés que pueda sesgar una investigación. En este caso, la falta de independencia es evidente: se omitió la participación de empleados de Monsanto en la redacción y la recepción de compensaciones económicas por parte de los firmantes. Además, el soporte probatorio se limitó a estudios privados de la propia corporación, convirtiendo una revisión presuntamente independiente en una herramienta de mercadotecnia bajo apariencia académica.
El fraude del ghostwriting. La "escritura fantasma" representa un fraude deliberado para capturar la literatura científica y fabricar credibilidad ante los entes reguladores. Al falsear la autoría, se anula la trazabilidad de la responsabilidad intelectual, permitiendo que intereses privados dicten el contenido que luego es "adoptado" por académicos de prestigio para validar productos comerciales.
Fallas en la supervisión editorial (gatekeeping). La demora de 25 años en la retractación —y de ocho años tras las revelaciones de los "Monsanto Papers"— evidencia una falla crítica en la responsabilidad de las revistas científicas. Al ignorar denuncias sobre conflictos de interés desde el año 2002, se permitió que se influyera en decisiones de salud pública, resultando en una exposición acumulada y evitable de sustancias tóxicas para trabajadores agrícolas y consumidores.
Erosión de la confianza y justicia ambiental. El daño es doble: se compromete la seguridad sanitaria y se destruye la confianza social en la ciencia. Desde la justicia ambiental, este engaño afecta desproporcionadamente a comunidades rurales vulnerables que carecen de poder para litigar o mitigar su exposición. Un expediente científico moralmente comprometido invalida la autoridad normativa de las políticas basadas en el mismo.
La lección fundamental de este caso es que la declaración de conflictos es insuficiente; se requieren normas de integridad más estrictas. Una respuesta institucional robusta debe incluir:
Depuración regulatoria: Eliminar el peso normativo de cualquier artículo retractado y reevaluar los informes oficiales que lo citen.
Independencia y transparencia: Exigir auditorías de autoría y garantizar el acceso total a los datos primarios, separando la evidencia regulatoria de la literatura patrocinada.
Principio de precaución: Implementar medidas de protección interinas y monitoreo de salud en poblaciones expuestas mientras se realizan reevaluaciones transparentes.
La integridad científica es una condición indispensable para la salud pública. La ciencia debe operar como un servicio al bien común y no como un apéndice del poder corporativo que busca influir en la economía, la sociedad y la política pública; corregir el rumbo ético es una obligación moral que debe prevalecer sobre la estabilidad económica de cualquier industria.
Hacia una arquitectura ética de la gobernanza ambiental global
En el marco del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de manera reciente se celebró la Primera Sesión Plenaria del Grupo Intergubernamental Científico-Normativo sobre los Productos Químicos, los Desechos y la Contaminación (ISP-CWP P1)7, el cual es un referente importante en la construcción de una gobernanza ambiental global. Este panel nace con la misión de cerrar la brecha entre el conocimiento científico y la toma de decisiones políticas, completando la tríada científica junto al IPCC8 y al IPBES9
La relevancia de la ISP-CWP P1 no es solo técnica, sino que surge en un momento de crisis de confianza pública actúa como el catalizador necesario para evaluar si los lineamientos adoptados en la ISP-CWP P1 son suficientes para blindar la ciencia contra la captura corporativa, ejemplificada por la reciente retractación del artículo sobre el glifosato4-5 que evidenció la opacidad y los conflictos de interés que comprometieron la seguridad sanitaria por décadas.
El mandato de la ISP-CWP7 busca aportar claridad, coherencia y autoridad a la agenda de prevención de la contaminación, basándose en un multilateralismo eficaz. Institucionalmente, el panel se posiciona como un mediador imparcial (honest broker) que debe filtrar la evidencia para que los gobiernos dispongan de fuentes fiables ante la desinformación.
La ISP-CWP P1 representa una aportación fundamental para fortalecer la supervisión ética de las publicaciones científicas, en la medida en que institucionaliza la desconfianza sistémica hacia los estudios con conflictos de interés no declarados. Si el panel logra operativizar sus políticas de transparencia, situaciones como la de Roundup serían detectadas prematuramente por los mecanismos de revisión interdisciplinaria. Por ello, sería fundamental que los lineamientos de evaluación científica del ISP-CWP permitan regular la trazabilidad de la autoría científica para erradicar el ghostwriting, el acceso público a los datos primarios utilizados en evaluaciones de riesgo y un fondo fiduciario sólido que garantice que la investigación no dependa del financiamiento de los sectores regulados.
El caso del glifosato nos recuerda que cuando la ciencia falla en su ética, la política falla en su protección. El ISP-CWP es parte de la respuesta multilateral para asegurar que la evidencia que protege nuestra salud no esté escrita por quienes se benefician del riesgo.
Fuentes consultadas:
- AFP. (2025, diciembre 3). Influential study on glyphosate safety retracted 25 years after publication. Le Monde
- Ajasa, A. (2025, diciembre 5). This study found this weed-killing chemical doesn’t cause cancer. It was just retracted. The Washington Post
- AFP. (2025, diciembre 8). Retiran estudio sobre glifosato que niega riesgo cancerígeno. La Jornada
- Van den Berg, M. (2025, noviembre 28). Retraction notice to “Safety evaluation and risk assessment of the herbicide Roundup and its active ingredient, glyphosate, for humans” (Regulatory Toxicology and Pharmacology, 31(2), 117–165, 2000). Regulatory Toxicology and Pharmacology. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2025.105XXX
- Williams, G. M., Kroes, R., & Munro, I. C. (2000). Safety evaluation and risk assessment of the herbicide Roundup and its active ingredient, glyphosate, for humans. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 31(2), 117–165. https://doi.org/10.1006/rtph.1999.1371
- Kaurov, A., & Oreskes, N. (2025). The afterlife of a ghost-written paper: How corporate authorship shaped two decades of glyphosate safety discourse. Environmental Science & Policy. Advance online publication. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2025.104160
- Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (2026, 4 de febrero). Proyecto de informe del primer período de sesiones del Plenario del Grupo Intergubernamental Científico-Normativo sobre los Productos Químicos, los Desechos y la Contaminación (UNEP/ISP-CWP.1/L.1). Naciones Unidas
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). https://www.ipcc.ch/
- Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). https://www.ipbes.net/
Más información:
Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI)
Dr. Alejandro Sánchez Guerrero
alejandro.sanchezg@anahuac.mx
