Hacia una bioética del cuidado: justicia social y la sostenibilidad de la vida en México y América Latina

23 de marzo de 2026
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Por qué hablar de cuidados hoy

En el centro de la estabilidad de nuestras sociedades existe un engranaje que ha sido invisibilizado, pero determinante para continúen las dinámicas básicas de la sociedad: las actividades relacionada con el cuidado. Hablar de cuidados hoy no es simplemente abordar una labor doméstica o una muestra de afecto; es enfrentar una crisis sistémica que pone en duda la sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo². La pandemia de COVID-19 funcionó como un lente de aumento que evidenció lo que la economía feminista ha denunciado por décadas: el cuidado es el eje central para la sostenibilidad de la vida, pero su organización actual es injusta, desigual y está agotada¹.

Reflexionar sobre los cuidados desde la bioética global y el bioderecho implica reconocer nuestra vulnerabilidad constitutiva como seres humanos². Todos, sin excepción, hemos necesitado, necesitamos o necesitaremos de otros para sobrevivir. Sin embargo, esta interdependencia ha sido históricamente invisibilizada por un sistema que prioriza la reproducción del capital sobre la reproducción de la vida². Hoy, la urgencia de establecer sistemas integrales de cuidados surge ante un cambio demográfico acelerado —el envejecimiento de la población— y la creciente necesidad de garantizar derechos humanos fundamentales en un contexto de desigualdad extrema³.

La transición conceptual del cuidado ha sido profunda: ha pasado de considerarse una "obligación natural" de las mujeres en el ámbito privado a ser reconocido como un derecho humano fundamental y una obligación pública del Estado^1. Este giro interpretativo, impulsado por marcos como el Compromiso de Buenos Aires⁸, define el cuidado como el derecho de todas las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer el autocuidado bajo principios de igualdad y universalidad³.

El cuidado ya no puede verse como una contingencia individual, sino como un "cuarto pilar" del bienestar, al mismo nivel que la salud, la educación y la seguridad social¹. Desde una perspectiva de bioética pública, esto implica que el Estado debe dejar de ser un actor marginal para convertirse en el garante de un acceso equitativo a servicios de calidad. Concebir el cuidado como un derecho social significa que su provisión no debe depender de la capacidad de pago de las familias o de la buena voluntad de las redes comunitarias, sino de una estructura institucional sólida que proteja la dignidad humana a lo largo de todo el ciclo vital¹.

La organización actual del cuidado reproduce desigualdad

La actual organización social del cuidado en América Latina se basa en una división sexual del trabajo profundamente injusta. El modelo tradicional del "padre proveedor" y la "madre cuidadora" ha confinado a las mujeres a una carga desproporcionada de trabajo no remunerado, lo que constituye un subsidio invisible al Estado y al mercado¹. En la región, las mujeres dedican el triple de tiempo que los hombres a estas tareas, una brecha que se agrava en los hogares con niños o personas dependientes¹.

Esta feminización del cuidado no es solo un asunto de roles de género, sino un factor de reproducción de la pobreza. Como señala Dora Villanueva en una reciente publicación en el diario La Jornada, existe un vínculo perverso entre pobreza y cuidados: tres de cada cuatro personas pobres dedicadas al cuidado sin pago nunca dejan de serlo, atrapadas en lo que se denomina "pisos pegajosos"^{6, 1}, que hace referencia a las condiciones estructurales que mantienen a muchas mujeres atrapadas en los niveles más bajos del mercado laboral, lo que les dificulta de forma notable que tengan oportunidades reales para lograr ascender o mejorar sus condiciones de trabajo. Las mujeres con menores ingresos tienen menos posibilidades de externalizar el cuidado y, al dedicar hasta 45 horas semanales al trabajo no remunerado, enfrentan una pobreza de tiempo que les impide acceder a educación, empleo formal o participación política¹. Además, cuando el cuidado se mercantiliza, suele recaer en otras mujeres —migrantes, indígenas o afrodescendientes— en condiciones de precariedad extrema, falta de seguridad social y bajos salarios, perpetuando así cadenas globales de cuidados marcadas por la exclusión^2,1.

El impacto de los cuidados trasciende el presente inmediato de las familias; es un determinante estructural de las oportunidades de vida y la movilidad social⁷. La evidencia reciente en México muestra que las responsabilidades de cuidado condicionan las trayectorias educativas y laborales de manera intergeneracional. Por ejemplo, más de una tercera parte de las mujeres cuya madre realizaba trabajo de cuidados no remunerado asume hoy la misma carga, lo que revela una transmisión de roles que limita el ascenso social⁷.

La desigualdad de oportunidades es evidente: mientras que las personas no cuidadoras tienen mayores probabilidades de alcanzar la educación profesional, las cuidadoras enfrentan una alta permanencia en niveles educativos bajos y una reducción significativa en su participación laboral⁷. Esta situación no solo afecta los ingresos, sino también la salud mental y física. Ser cuidador principal se vincula con afectaciones como falta de concentración, tristeza y la percepción de que todo representa un gran esfuerzo, especialmente cuando no se cuenta con servicios de apoyo⁷. En última instancia, la falta de un sistema público de cuidados obliga a las familias a sacrificar su autonomía y sus recursos, lo que profundiza la vulnerabilidad de quienes cuidan y de quienes reciben cuidados⁷.

Para revertir estas injusticias, la respuesta política debe ser la creación de Sistemas Integrales de Cuidados (SIC). Estos sistemas no son simples agregaciones de programas dispersos, sino una nueva organización social basada en la corresponsabilidad¹. Los elementos estructurales de un SIC efectivo deben incluir:

• Universalidad y progresividad: Garantizar que todas las personas accedan al derecho al cuidado, priorizando a las poblaciones con mayores necesidades insatisfechas y asegurando que la calidad del servicio no dependa del nivel de ingresos^1,3. 
• Corresponsabilidad: El cuidado debe ser una responsabilidad compartida entre el Estado, el mercado, la comunidad y los hogares, así como entre hombres y mujeres¹. 
• Regulación y calidad: Establecer estándares claros para los servicios públicos y privados, protegiendo tanto los derechos de las personas cuidadas como de las cuidadoras profesionales¹. 
• Financiamiento sostenible: Explorar modelos de financiamiento solidarios y tripartitos que aseguren la viabilidad del sistema a largo plazo^1,5. 
• Profesionalización y valoración: Dignificar el trabajo de cuidados, asegurando remuneraciones justas, capacitación y acceso a la seguridad social para quienes se dedican a esta labor de manera remunerada¹. 
• Articulación institucional: Superar la fragmentación actual mediante órganos de gobierno intersectoriales, como mesas interministeriales, que coordinen salud, educación y protección social^1,2.

México en transición: oportunidad y reto del sistema nacional de cuidados

México se encuentra en un momento histórico de transformación. El compromiso del actual gobierno por consolidar una "sociedad de cuidados" se refleja en la creación del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNPC)⁴. Este avance institucional busca articular esfuerzos entre 22 dependencias federales para transitar de una atención fragmentada a una visión sistémica y centrada en las personas⁴.

De forma reciente, se realizó la instalación de la Mesa de Coordinación Interinstitucional y la implementación del Anexo Transversal 31 en el presupuesto, permiten por primera vez visibilizar y dar seguimiento a los recursos destinados a esta materia⁴. Además, el desarrollo del Sistema de Información de Cuidados (SIDECU) promete ser una herramienta fundamental para que las familias identifiquen servicios cercanos y para que el Estado planifique de manera estratégica con base en la demanda real⁴. Sin embargo, persisten retos monumentales: la necesidad de una Ley General que otorgue un marco jurídico sólido, el desafío de la equidad territorial en un Estado federal y la integración efectiva de las necesidades de comunidades indígenas y rurales que hoy permanecen en los márgenes de las políticas públicas^5,2.

En diferentes entidades federativas se avanza en este tema. Un ejemplo de ello es la iniciativa impulsada por el Congreso de la Ciudad de México para la construcción de un sistema local de cuidados⁹, que destaca por su enfoque participativo y de derechos. A través de consultas públicas, foros y encuestas, se ha convocado ´para que en el mes de abril de 2026 se incorpore la voz de miles de personas cuidadoras y receptoras de cuidados, permitiendo construir un diagnóstico más cercano a las realidades sociales.

Esta propuesta reconoce el cuidado como un derecho humano y como un eje de justicia social, visibilizando las desigualdades históricas que han recaído principalmente en las mujeres, quienes asumen estas tareas de manera desproporcionada y, en muchos casos, sin remuneración. En este sentido, se alinea con principios impulsados por organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, particularmente en torno al reconocimiento, redistribución y corresponsabilidad del cuidado entre el Estado, el mercado, la comunidad y las familias.

De esta manera, las experiencias locales, como la de la Ciudad de México, muestran cómo es posible avanzar hacia la consolidación de un sistema nacional de cuidados, articulando esfuerzos institucionales con la participación social y un enfoque centrado en la dignidad y el bienestar de las personas.

La urgencia de una agenda ética y pública del sistema de cuidados

Desde una bioética pública, la construcción de un sistema de cuidados no es una opción de política pública, sino un imperativo de justicia social. No podemos hablar de igualdad sustantiva si el sostenimiento de la vida sigue recayendo sobre las espaldas de las mujeres más pobres de nuestra región. La organización actual de los cuidados es, en términos éticos, una forma de explotación que restringe la autonomía y la dignidad de millones de personas².

La apuesta debe ser por una sociedad del cuidado que ponga la vida y su sostenibilidad en el centro de las decisiones económicas y políticas². Invertir en cuidados genera un "triple dividendo": mejora el bienestar de las personas, facilita la autonomía económica de las mujeres y dinamiza la economía mediante la creación de empleo de calidad¹.

Como CADEBI, consideramos que el cuidado es la base de un nuevo contrato social. Es momento de que el Estado asuma su rectoría y de que la sociedad civil y el sector privado se corresponsabilicen en esta tarea. Reconocer nuestra vulnerabilidad compartida y actuar para protegerla no es solo un acto de solidaridad, sino el cimiento de una sociedad verdaderamente justa, democrática y sostenible. La agenda de cuidados es la agenda de la vida, y su implementación no admite más demoras.

Referencias

1. Bango, J., & Cossani, P. (2021, noviembre). Hacia la construcción de sistemas integrales de cuidados en América Latina y el Caribe: Elementos para su implementación. ONU Mujeres; Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
2. Carballo de la Riva, M., López Castelló, A., & Pajarín García, M. (2024, abril). Análisis comparado de sistemas integrales de cuidados en países referentes de la Unión Europea y América Latina y el Caribe. La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo. 
3. Galián, C., Rubio, M., Escaroz, G., & Alejandre, F. (2023). Los sistemas de cuidado y apoyo en América Latina y el Caribe: un marco para la acción de UNICEF. UNICEF. 
4. Gobierno de México. (2025). El Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados (SNPC): El mecanismo articulador de la oferta institucional y garante de la corresponsabilidad entre diferentes sectores de la sociedad. Secretaría de las Mujeres; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). 
5. Huenchuan, S. (2024, 17 de diciembre). Cuidar en México: del ámbito familiar a un sistema público. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
6. La Jornada. (2025). Tres de cada cuatro pobres dedicados al cuidado sin pago nunca dejan de serlo. Sección Economía. Recuperado de la liga proporcionada. 
7. Orozco Corona, M. E. (2026, febrero). Informe de movilidad social y cuidados: Un vínculo inseparable. Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). 
8. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). Compromiso de Buenos Aires (versión accesible). https://conferenciamujer.cepal.org/16/es/documentos/compromiso-buenos-aires-version-accesible 
9. Congreso de la Ciudad de México. (2026). Sistema de cuidados de la Ciudad de México. Recuperado de la página oficial

La presente nota editorial fue elaborada a partir de las fuentes citadas en el apartado de referencias. Asimismo, se contó con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial, como NotebookLM y ChatGPT, utilizadas como auxiliares en la organización y síntesis de la información. El contenido final es responsabilidad del autor.