Consecuencias para la gobernanza federal migratoria a causa de la ley Laken Riley

¿Qué papel podrán jugar los estados para influir en la política migratoria de la federación?

Laken Riley, una joven estudiante de enfermería de la Universidad de Augusta en Georgia, fue asesinada en 2024 por un inmigrante venezolano en condición irregular. Su caso provocó un intenso debate acerca de la seguridad pública que condujo a promover una intervención de los gobiernos estatales en la regulación migratoria. Como resultado, se promulgó la llamada ley Laken Riley, la primera en ser firmada por Donald Trump al inicio de su segundo periodo. 

Desde una perspectiva de gobernanza migratoria, la ley no tiene precedentes, en tanto que establece un mecanismo para que los gobiernos estatales demanden a la federación por afectaciones que sufren por la forma que esta aplica las leyes migratorias. Esto es de suma importancia porque: a) puede alterar la relación entre las órdenes de gobierno en la vigilancia del orden público, b) reconoce que los estados resultan afectados por la eficacia en la implementación de la política migratoria nacional, y c) brinda un mecanismo para que los estados intervengan, de cierta manera, en la política exterior de admisión de extranjeros. En suma, la ley Laken Riley tiene el potencial de alterar las responsabilidades migratorias del gobierno federal. 

Al igual que en los demás países, la política migratoria en EE.UU. es responsabilidad exclusiva del gobierno federal. Mediante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, el gobierno federal controla el ingreso, clasificación, y condiciones de permanencia de individuos en la nación. No obstante, que una investigación del American Immigration Council (2024)[1] muestra que los inmigrantes cometen un menor número de crímenes per cápita que la población nativa, la percepción de una crisis migratoria -y la publicidad dada a casos como el de Laken Riley- ha impulsado a las autoridades estatales a buscar una mayor participación en este punto. En años recientes, molestia de los Estados fronterizos con México, por falta de mano dura de la administración Biden produjeron polémicas decisiones estatales como la colocación de barreras de alambre de púas por parte de Texas en las orillas del Rio Bravo. La disputada decisión condujo a una intervención de los tribunales, que intentan balancear el alcance soberano de los Estados con la autoridad federal en materia migratoria.

Los Estados argumentan que incorporarse a la gestión migratoria es necesaria en tanto la política federal les afecta negativamente en: seguridad pública del dominio Estatal y gasto público al otorgar servicios de salud, educación u otros para los indocumentados. La inconformidad con la política federal es que la consideran insuficiente o excesivamente permisiva; en tanto, el gobierno federal argumenta que por años han faltado recursos haciendo necesaria la priorización en la aplicación de las leyes migratorias. Por una parte, los Estados sienten que la federación ha modificado las reglas del juego al relegar la deportación de ciertos grupos como los “dreamers” (quienes fueron llevados a los Estados Unidos por sus padres siendo menores de edad); por la otra, la federación resiente que los Estados se entrometan en dominios de su competencia. 

En términos de esta controversia, la Ley Laken Riley -aprobada con votos de ambos partidos- tiene como objetivo reducir el uso federal de alternativas a la detención migratoria (ej. la práctica de atrapa y suelta o catch and release). Esto incluye incrementar el tipo de arrestos sujetos a detención migratoria para incluir algunos crímenes no violentos, así como permitir a los Estados solicitar ante tribunales medidas cautelares por acciones federales que les causen daños mayores a cien dólares por no detener y remover a migrantes irregulares, liberarlos condicionalmente u otorgar libertad provisional fuera de un marco de caso-por-caso. Con estas medidas, los estados esperan un aumento de detenciones migratorias y la reducción de decisiones del ejecutivo federales de dar libertad provisional a grupos enteros. Ciertamente, esto podría aliviar preocupaciones locales, pero agravaría los costos de las políticas migratorias y dificultaría medidas relacionadas con los derechos humanos, al favorecer las detenciones. Por lo tanto, la nueva ley asegura que la política migratoria en EE.UU. sea menos variable y sea tan agresiva como los Estados demanden y los tribunales lo permitan, limitando las facultades del poder ejecutivo federal. 

La Ley Laken Riley representa ahora un nuevo capítulo en la definición de competencias entre los estados y la federación en materia migratoria. Si bien responde a preocupaciones de seguridad y control fronterizo, también genera un debate político contra la autoridad federal para diseñar e implementar una política migratoria que se piensa debe ser nacional. A medida que esta legislación sea desafiada en tribunales, su impacto real en la gobernanza migratoria de Estados Unidos será motivo de discusión y análisis constante, ya que el ejecutivo se verá sujeto a revisiones, retrocesos y demandas internas.

Por la alumna Paloma Yuval Sánchez Barba y el Mtro. Jose R. Xilotl Soberón

Acerca de los autores

José R. Xilotl Soberón es Docente titular de la materia “Migración Internacional” en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac Puebla; Urbanista UNAM con un MSc de la Universidad Ben Gurión. Miembro activo de la AMU desde 2015. Paloma Yuval Sánchez Barba es estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Anáhuac Puebla.

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