La negociación de un mejor Estado de Derecho
Estamos negociando una vez más el tratado de libre comercio de Norteamérica, iniciando en enero y con cierre previsto el 1 de julio de 2026. Canadá y EE. UU. volverán a exigir condiciones mínimas de seguridad y estabilidad planteadas desde 1994, hoy deterioradas o eliminadas. Es probable que esa presión externa imponga reformas que restauren en México un mejor Estado de Derecho.
Se cumplieron 33 años de la firma TLCAN (hoy T-MEC/USMCA/CUSMA). La negociación consolidó una de las regiones económicas más potentes del mundo: los 3 países generan el 29% del PIB global y el comercio superó 870, 000 millones de dólares en 2025. El tratado ha creado un bloque económico capaz de competir con Asia y la Unión Europea.
Cuando Salinas, Bush y Mulroney negociaron el tratado, EE.UU. y Canadá exigieron a México reformas, entre las que podemos destacar: Garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, proteger la propiedad, la propiedad intelectual y establecer mecanismos imparciales para la resolución de disputas. De hecho, el TLCAN catalizó la creación y fortalecimiento de organismos constitucionales autónomos (OCAs) en México, que fortalecieron la democracia (alternancia), dieron certeza jurídica, competencia económica, transparencia, eficiencia administrativa y judicial.
Aunque el TLCAN no requirió una reforma constitucional total, si impulsó la modernización legal para armonizar normas con EE. UU. y Canadá. Su influencia fue clave, sentó bases y la suficiente presión política en la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), hoy INAI. Si bien es cierto el tratado no exigía explícitamente la creación de una agencia de transparencia, si estableció las bases para democratizar y abrir la información pública en México.
El TLCAN impulsó, aunque indirectamente, numerosas reformas que si contribuyeron significativamente en el fortalecimiento del Estado de Derecho. La presión internacional por la “homologación democrática” implicaba reducir la percepción de un régimen de partido único. Aunque el INE (antes IFE) se creó en 1990, la reforma electoral de 1996 fue impulsada por el contexto de apertura económica y las tensiones políticas de 1994, lo que le otorgó autonomía plena. El fortalecimiento del INE permitió la alternancia democrática y legitimó la apertura comercial.
El TLCAN si fue determinante para consolidar la autonomía constitucional del Banco de México. La entrada en vigor del tratado en 1994 fue precedida por una reforma clave en 1993, buscando estabilidad económica y confianza en la política monetaria ante la integración comercial. Igualmente, el TLCAN exigió el fortalecimiento de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), surgió además el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y quedó independizada en sus funciones la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El revés a estas iniciativas solicitadas, para garantizar estabilidad económica se dio a finales de 2024 con la llamada reforma constitucional de “simplificación orgánica”. Reforma que avalada, busca eliminar la independencia de los OCAs aquí expuestos y de otros más, argumentando que es necesario ahorrar.
Por si esto fuera poco, en septiembre del 2024, Morena aprueba una reforma al poder judicial que según los expertos implica la pérdida de independencia y politización de este poder, mucho mayor inseguridad jurídica y lo que ya es evidente la desaceleración económica por desconfianza en la inversión. Y si, se anticipa una disminución en la calidad técnica de las resoluciones, mayor opacidad y cooptación del sistema por intereses políticos.
El 2 de marzo de 2026, Morena propone una reforma electoral, que no pretende más que regresar a un régimen de partido único; sin exagerar un retroceso de más de 3 décadas. La reciente propuesta se debate entre la que ya conocemos como una falacia del partido oficialista que es “ahorrar” y el verdadero riesgo de una centralización del poder. La oposición ha calificado esta propuesta como “Ley Maduro”.
México con la exigencia de proteger el comercio y la inversión, debe de restaurar el Estado de Derecho, seriamente debilitado. Históricamente, el tratado funcionó como catalizador de la democracia y la seguridad jurídica, contrapesos que las políticas actuales han revertido, obligando a la negociación basada en la protección de inversiones extranjeras. Si bien, es improbable pedir echar abajo las reformas, veo probable que se soliciten nuevas reformas como las que se pidieron y se lograron en 1994.
Por el Dr. Raúl Howe Marañó, docente de la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac Puebla
Acerca del Dr. Raúl Howe
Profesor de negociación y medios alternos de solución de conflictos, Escuelas de Psicología y Derecho, Universidad Anáhuac, Puebla. Director Ejecutivo para América Latina de BeLatin, Fellow del Programa de Derecho y Políticas Públicas, UC Berkeley.
Creador del Método del Negociador Exitoso®, empresario, mediador privado certificado, dos veces maestro y doctor en análisis económico del derecho por UC Berkeley. TED Speaker, profesor en algunas de las mejores universidades América Latina y EE. UU., y ha ayudado a más de 10,000 líderes y 300 organizaciones a transformar conflictos en oportunidades; como una forma de vida.
