Fatiga regulatoria y Estado de Derecho
El aparato normativo en México ha crecido de manera exponencial; las reformas legales, las reglas administrativas y las disposiciones fiscales se han multiplicado rápidamente para responder a una realidad económica cada vez más compleja. Algunas de dichas reformas buscan atender a la misma velocidad los cambios económicos y sociales, pero con dichas modificaciones se ha generado una fatiga regulatoria que ha reducido la claridad normativa y dificulta en el cumplimiento de estas.
La OCDE advierte que la complejidad normativa incrementa los costos en el cumplimiento a la ley y reduce la confianza en las instituciones; pero en otros estudios se sostiene que las frecuentes modificaciones pueden mejorar la equidad fiscal; sin embargo, en el caso mexicano, la evidencia sobre los costos de cumplimiento y la carga administrativa demuestra que dichos beneficios no compensan la pérdida de certeza jurídica en los ciudadanos.
La fatiga regulatoria surge cuando la cantidad y la complejidad de las los ordenamientos normativos impiden que los gobernados las comprendan y cumplan; en consecuencia, el derecho deja de percibirse como la guía clara de conducta y comienza a verse como un entramado técnico inaccesible, lo que conlleva errores involuntarios, cumplimiento desigual, hasta en algunos casos, se dan incentivos indirectos hacia la informalidad; abriendo espacios de discrecionalidad, pues ante reglas poco claras o que cambian constantemente, la interpretación adquiere un peso desproporcionado afectando la certeza y la seguridad jurídica, impidiendo prever las consecuencias legales de los propios actos. Sin la certeza jurídica, el Estado de Derecho pierde su esencia.
De acuerdo con criterios recientes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la fatiga regulatoria se traduce en litigios complejos y costosos, en los cuales no solo se debate la legalidad de los actos, sino también la interpretación de normas superpuestas e incluso contradictorias. Con ello, la función de los tribunales se vuelve más exigente, ya que se debe restablecer el equilibrio entre autoridad y gobernado. No se trata de negar la importancia de la regulación, pues el derecho es un instrumento de orden y equilibrio; sin embargo, cuando se confunde cantidad con calidad, se genera opacidad, ineficiencia y un distanciamiento entre la ley y la realidad social.
En este escenario, las universidades desempeñan un papel fundamental para mitigar la fatiga regulatoria, mediante la oferta de formación práctica en interpretación normativa, clínicas jurídicas y programas de actualización que desarrollen competencias en cumplimiento y asesoría. La formación de profesionales del derecho debe ir más allá del conocimiento normativo, incorporando el desarrollo de habilidades críticas que permitan interpretar, sistematizar y cuestionar el marco regulatorio. La educación superior, comprometida con la formación integral y el liderazgo con sentido trascendente, contribuye a preparar egresados capaces de enfrentar los desafíos del entorno jurídico actual con responsabilidad y excelencia.
Resulta necesario reducir la fatiga regulatoria a través de la simplificación administrativa, la estabilidad normativa y la coherencia legislativa; este cambio no es menor, sino una condición indispensable para fortalecer la competitividad, la legalidad y la confianza en las instituciones. El reto es claro: dejar de medir la fortaleza del Estado por la cantidad de normas que produce y comenzar a evaluarla por la calidad de las que realmente se cumplen.
Hoy, legislar mejor no solo constituye una exigencia jurídica, sino una responsabilidad compartida que invita a construir un sistema normativo más claro, accesible y justo para todos.
Por la Mtra. Erika Elizabeth Ramm González, docente de la Escuela de Derecho de la Anáhuac Puebla
Acerca de la Mtra. Erika Ramm
Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y docente en las materias de Derecho Fiscal, Administrativo, Transparencia, Ética, Delitos Fiscales, Responsabilidad de los Servidores Públicos y Juicio de Amparo. Cuenta con amplia experiencia jurisdiccional y académica en materia tributaria, transparencia y control de legalidad, participando activamente en la formación de profesionales con alto compromiso ético y técnico.
