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Sin duda, la Ley Fintech representa un avance importante en la modernización del sistema financiero mexicano y da certeza jurídica a usuarios y participantes del mismo, cerrando los enormes “huecos” dejados por la velocidad que conlleva la innovación en esta industria; la de provisión de servicios financieros a través de medios tecnológicos masivos. Abarca así, los pagos electrónicos, financiamiento colectivo y activos virtuales. En efecto, esta ley permitirá un ordenamiento jurídico para regular los servicios financieros que presten empresas de financiamiento colectivo (Crowdfunding) e instituciones de fondos de pago electrónico, en su conjunto llamadas ITFs (Instituciones de Tecnología Financiera), así como su funcionamiento, operación y organización.
Ello implicará que otras nueve leyes, entre ellas la Ley de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (es decir, prevención de lavado de dinero, PLD), tendrán que ser reformadas para darle congruencia a su aplicación y armonización, pues pondrá “cancha pareja” frente a las demás figuras del sistema ya regidas por estas e impondrá sanciones administrativas y penales a quien incumpla la ley o disposiciones que de ella emanen, como en los otros casos.
Será la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la que tendrá seis meses para promulgar las primeras reglas secundarias de la Ley Fintech y será la encargada de autorizar la operación de las nuevas ITFs. Por su parte, el Banco de México será el encargado de autorizar los activos virtuales; es decir, la representación de valor monetario que pueda servir como forma de pago a través de sus plataformas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las ITFs, que en México suman 160, ya han realizado transacciones crediticias que superan los mil millones de pesos en crédito y tienen alrededor de 540 mil usuarios, por lo que su ordenamiento era urgente y necesario para su sano desarrollo.
En el país hay alrededor de 160 empresas Fintech, siendo el mayor mercado de esta clase en Latinoamérica (Finnovissta, 2017).
Los modelos novedosos tecnológicos que vayan desarrollando entidades financieras y que requieran excepciones a la regulación financiera podrán gozar de autorizaciones temporales (sandbox) para su prueba (máximo un año, prorrogable por otro más), así como cualquier solución innovadora por parte de alguna persona moral y que se encuentran reservadas a entidades financieras, con un máximo de dos años, prorrogable por otro más, algunas de estas sujetas al régimen de PLD. En ambos casos, estarían sujetas a inspecciones y vigilancia por la autoridad supervisora.
Fintech en méxico
En el país hay alrededor de 160 empresas Fintech, siendo el mayor mercado de esta clase en Latinoamérica (Finnovissta, 2017). La Ley Fintech es la primera de su tipo en aprobarse en América Latina y pone de relieve la importante labor de cabildeo que hicieron la Asociación de Financiamiento Colectivo (AFICO), la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) y el Fintech México, principalmente, para el entendimiento del ecosistema y su consecuente regulación adecuada, con autoridades y legisladores. Esta ley pone al país a la vanguardia a escala mundial en la formalización de este tipo de servicios financieros y será un factor de competitividad y eficiencia, pero sobre todo de inclusión al permitir que personas que no acceden a servicios tradicionales de la banca y de otras entidades financieras puedan hacerlo ahora.
