Un vistazo a la ley de economía digital
En el paquete de modificaciones a leyes tributarias, que presentó la titular del Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados para el ejercicio 2027, se deslizó —por error o con toda la intención— la propuesta de decreto de la “Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos”. La misma tiene por objeto, de acuerdo con su artículo 1: “…promover la adopción e implementación de Medios de Pago Electrónicos y Digitales…”.
Lo que en la práctica se traduce en un profundo impulso hacia la trazabilidad ciudadana y financiera: primero, mediante la integración de la CURP Digital, que de acuerdo con los artículos 91 Bis y 91 Quinquies de la Ley General de Población contiene datos biométricos y, aunque la iniciativa le permite al usuario elegir otras identificaciones (artículo 6), la consolida como el mecanismo de confianza principal para trámites; segundo, habilitando a las entidades financieras para apoyarse en el Expediente Digital Ciudadano; y tercero, con la ejecución total de la Política Nacional de Inclusión Financiera. Esto permitiría a las autoridades hacendarias contar con un control más claro de los ingresos y egresos de las personas, sentando las bases para la reducción de operaciones en papel moneda, las cuales generan opacidad.
Siendo plenamente prácticos, la legislación que se propone, soportada en las diversas disposiciones a las que hace mención, solucionaría de tajo el grave problema de la defraudación fiscal (a través de la utilización de testaferros) e incentivaría el cumplimiento estricto de las leyes fiscales.
Asimismo, da herramientas a las entidades financieras para cumplir con las normas internacionales en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo impulsadas por organizaciones internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), o ajustarse a las determinaciones del DOJ (Departamento de Justicia de los Estados Unidos) y del TD (Departamento del Tesoro de los Estados Unidos). Esto servirá para enfrentar de mejor manera los retos que las autoridades americanas les han impuesto respecto a identificar y denunciar operaciones que pudieran estar relacionadas con entes considerados terroristas por estas, tal como sucedió con CIBanco, Intercam y Vector1.
Si bien es cierto que la legislación propuesta cuenta con muchas virtudes, también implica un reto monumental para determinados sectores, sobre todo para aquellos ubicados en la base de la pirámide económica. Aunque la iniciativa especifica que la obligación de recibir exclusivamente pagos digitales aplicará para "sectores estratégicos y actividades relevantes" definidos por Hacienda (artículo 13), es innegable que esta transición empujará a que muchas de las actividades que hoy intercambian bienes y servicios en efectivo deban realizarse a través de operaciones electrónicas (ya sean con sistemas CoDi, tarjetas de débito y crédito, transferencias o cheques). Este escenario, desde mi perspectiva, se ve demasiado cuesta arriba, derivado de lo diverso que es nuestro país social y económicamente hablando.
Por lo que hace al ámbito educativo y cívico, el reto es claro: no podemos quedarnos como simples espectadores. Esta transición nos obliga a impulsar una nueva dinámica respecto a la inclusión de la economía digitalizada y su regulación. Es urgente abandonar arcaísmos y divisiones dogmáticas dentro del Derecho Público y Privado, para entender la problemática desde la óptica de interpretaciones sistemáticas y su reforzamiento con las TI, la Inteligencia Artificial Generativa y, consecuentemente, la Inteligencia Artificial General. Por ello, hago un llamado al alumnado, académicos y a la sociedad civil para analizar, debatir y vigilar activamente esta propuesta legislativa. Exijamos políticas públicas complementarias y programas de alfabetización digital para que esta inminente modernización financiera no se convierta en un muro de exclusión para los más vulnerables, sino en un verdadero motor de desarrollo equitativo. El futuro digital ya está sobre la mesa; asegurémonos de que el marco legal no deje a nadie atrás.
Por el Mtro. Mauricio Garduño Gali
Docente de la Escuela de Derecho de la Anáhuac Puebla
Acerca del Mtro. Mauricio Garduño Gali
Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Anáhuac Puebla, Profesor de Posgrado y de la Licenciatura en Derecho; Doctorando en Derecho, Maestro en Derecho Fiscal, Especialista Certificado a nivel Internacional en Compliance Corporativo, Especialista en Derecho Fiscal.
